Entre todos

Así se titula el programa que emite Televisión Española desde el pasado verano, de lunes a viernes por la tarde. Hasta hace poco no tenía conocimiento de su existencia, ya que casi no veo la televisión. Fue en una tertulia con amigos donde me hablaron de él. Recientemente, me entero por un medio digital que su presentadora gana 1.400 euros por programa. Esa elevada cantidad, en un momento de tanta necesidad como el actual y en la televisión pública estatal (que pagamos todos y cuya financiación es más cara desde que no emite publicidad), resulta escandalosa. Máxime en un programa que tiene como objetivo ayudar a los pobres. Y con lo que cobra la presentadora y el coste del programa se podría destinar mucho dinero a ese fin. Indagando un poco más en Internet sobre el mismo compruebo que no ha estado exento de polémica, pues el año pasado ya recibió críticas tanto dentro como fuera de nuestro país. Trabajadores sociales argumentan -con mucha razón- que vulnera la dignidad de las personas necesitadas, al hacer pública su miseria. Es un programa que disfrazado de solidaridad fomenta la caridad, con grandes dosis de sentimentalismo. Trata de conmover a los espectadores para que donen dinero. Hasta la bien pagada presentadora pone cara de pena y las señoras mayores que asisten al programa aplauden con ahínco a la misma, como si fuera una heroína. Cuando un telespectador llamó por teléfono al programa y propuso a ésta que donara una parte de su gran sueldo salió por peteneras: trató de justificar el mismo diciendo que lleva trabajando desde muy joven. Se vio claramente que no predica con el ejemplo. Aunque de todas formas el responsable del gran dispendio de dinero público es el directivo que le paga ese sueldo, que si lo ganara en una televisión privada sería menos criticable.

 

Toñi Moreno es la presentadora del polémico programa Entre todos

    Pero la cuestión del asunto es todavía más profunda. El aumento de la caridad en la sociedad española es también el reflejo del aumento de la desigualdad y la injusticia social. Y la clase trabajadora no es la que tiene que pagar la mala gestión de sus gobernantes y la corrupción. Es el Gobierno el que tiene que realizar políticas sociales que reduzcan la pobreza. También debe hacer un reparto equitativo de la riqueza a través de unos impuestos justos. Y al igual que tenemos un salario mínimo (de miseria, por cierto) debería haber un salario máximo, ya que las grandes diferencias entre unos sueldos y otros agrandan la desigualdad. En mi opinión nadie debería ganar más de 1.800 euros al mes, desempeñe el trabajo que desempeñe.

   Finalmente el Gobierno, en un intento de eludir su responsabilidad, ha convertido TVE en “la televisión para los pobres”. La derecha y la presentadora de Entre todos propician la caridad. Los que más tienen y ganan piden a otros que ganan y tienen menos que den en lugar de dar ellos. Así no se acabará nunca con la pobreza. Al contrario, irá a más. Lo realmente eficaz es cambiar el sistema y las políticas económicas que la generan. No debemos acostumbrarnos a ella ni verla como algo que no tiene solución, pues a diferencia de la lluvia o el viento la misma no tiene causas naturales, sino provocadas.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 18 de marzo de 2014

El desprecio a la cultura

La industria cultural española emplea a casi medio millón de personas y contribuye al crecimiento económico del país, ya que representa el 3’2 % del PIB estatal. Al sector de la cultura no solamente le afecta la crisis. Lo que más le ha perjudicado son las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno. La devaluación de salarios unida a una subida de impuestos a la clase trabajadora ha provocado una reducción del consumo y especialmente el de productos culturales. Aunque el impacto más negativo para la industria de la cultura fue la elevada subida del IVA, concretamente trece puntos, en septiembre de 2012. Con dicha subida España pasó a tener el IVA cultural más alto de todos los países de la eurozona. En el año y medio que lleva vigente ese IVA tan alto han cerrado muchas salas de cine y de teatro, también se ha reducido la asistencia a conciertos de música y, en definitiva, ha caído la recaudación y se han perdido bastantes empleos. Ha sido, sin duda, el mayor desprecio que un Gobierno ha hecho a la cultura. Y pienso que también ha habido venganza por parte del mismo, pues no perdonó que los artistas protestaran en su momento contra la Guerra de Iraq tanto en la calle como en la entrega de los Premios Goya.

   Después de haber causado tanto daño el Gobierno anunció en febrero que rebajará todo el IVA cultural 11 puntos (al 10 %). En enero de este año dio prioridad a la bajada del IVA en la compraventa de obras de arte, que pocos pueden adquirir por su alto precio. Fue un ejemplo más de que el Gobierno trata de favorecer en primer lugar a los de su clase. Son precisamente las personas pudientes las que invierten dinero –a veces para blanquearlo incluso- en ese tipo de arte. Y es que en la derecha siempre ha predominado una visión mercantilista de la cultura. Y en mi opinión ésta no debe reducirse únicamente a un bien de consumo. Es un instrumento que favorece el desarrollo de la personalidad y la transformación de la sociedad. Un pueblo más culto es un pueblo más libre, más independiente y más crítico con las decisiones de sus gobernantes. Éstos controlan mejor a un pueblo ignorante y consideran peligrosas a las personas con ideas. Tengamos en cuenta que el conocimiento es poder. Y precisamente son los partidos conservadores los que más se benefician de la ignorancia -sobre todo política- de una parte importante de la sociedad, pues gracias a ella alcanzan el Gobierno.

   Por otra parte, el Gobierno del PP ha propiciado más el “entretenimiento” que la cultura regalando dinero público al arruinado sector futbolístico y declarando el año pasado patrimonio cultural de España a la tauromaquia, que está de capa caída. De esta forma la misma también se verá beneficiada por la bajada del IVA a la cultura. Es evidente que el Gobierno apoya mucho más el circo para que la gente no piense. No quiero terminar sin comentar que aunque la cultura no es patrimonio de la izquierda -es de todos- hay dos hechos que son indiscutibles: el primero es que la mayor parte de los artistas e intelectuales son de izquierdas porque necesitan libertad para la creación de sus obras y porque suelen ser humanistas. Y el segundo es que las políticas de la derecha son las que más han perjudicado al mundo artístico. Para ésta la cultura es algo anodino es manos de gente subversiva, bohemia y perezosa. Y la subida de impuestos que la derecha hizo a la misma, a caballo entre el desprecio y la venganza, puso de manifiesto todavía más la gran brecha ideológica que separa ambas.

Publicado en Heraldo de Soria el jueves 13 de marzo de 2014

   

Los intocables

En este país diversas instituciones (partidos políticos, sindicatos, la Casa Real, etc.) experimentan un preocupante desprestigio debido a la imputación por corrupción de personas que forman parte de ellas. Las hay que están (o han estado) vinculadas a la actividad política o que han sido encargadas de la gestión de empresas y cajas que creen estar por encima de la ley por el cargo que han ocupado o el dinero que poseen. Algunas de ellas, con gran soberbia, hasta se han burlado del juez negándose a declarar ante él. Y nadie, por muy poderoso que sea, debería quedar impune si ha cometido un delito. Según la Constitución todos somos iguales ante la ley. Sin embargo estamos viendo que en la práctica no es así. La Justicia no es independiente porque los jueces son nombrados por políticos. Hay una situación institucional en la que unos protegen a otros para reforzarse. El Consejo General del Poder Judicial acaba apartando del cargo a los jueces que investigan a corruptos.  

 

   Los casos de corrupción que se encuentran en los juzgados o están paralizados o avanzan muy lentamente, con lo cual bastantes delitos de los encausados van prescribiendo. La mayor parte de los ciudadanos piensa, con razón, que las personas imputadas en ellos o no van a ir a la cárcel o si lo hacen será por poco tiempo porque el Gobierno las terminará indultando. Por ejemplo, dos veces ha entrado el banquero Blesa en la cárcel y las dos ha salido bien pronto de ella. Pero al honesto y valiente juez que ordenó su ingreso en prisión le dictaron un auto, en tan sólo tres meses, acusándole de prevaricación. Fue suspendido rápidamente. Y el caso Gürtel lleva años y todavía no se ha resuelto. Éste afecta al Partido Popular y salpica al Gobierno; de ahí que los conservadores estén obsesionados con el control de la Justicia. El juez que llevó a cabo unas escuchas sobre dicho caso, Garzón, fue inhabilitado por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo las grabaciones de las mismas se han considerado válidas recientemente. Que los fiscales defiendan a los presuntos corruptos es algo insólito; y también que se juzgue antes a los jueces que investigan la corrupción que a los supuestos corruptos. Además los políticos impúdicos deseaban que el juez Garzón fuera apartado de la carrera judicial para que los demás jueces se lo pensaran dos veces antes de actuar contra ellos. Que haya corrupción es grave; pero todavía es más grave la impunidad de la misma.

 

El juez que encarceló a Blesa tiene información que puede hacer caer al sistema

   En definitiva, es fundamental que el Poder Judicial sea independiente, ya que el hecho de que el mismo esté sometido al Poder Ejecutivo pone en entredicho tanto el Estado de Derecho como las instituciones. Sin justicia no hay ni igualdad ni democracia. Para que la Justicia sea verdaderamente independiente el Gobierno debería dejar de tener la competencia exclusiva del indulto, el Ministerio de Justicia tendría que desaparecer y los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que son elegidos por el Congreso y el Senado deberían elegirse mediante sufragio de los jueces. Desde la entrada en vigor de la primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985, todo vocal del Consejo General del Poder Judicial le debe su sillón a un partido político. Fue, sin duda, una puñalada trapera que los políticos dieron al Estado de Derecho.

Publicado en Heraldo de Soria el miércoles 5 de marzo de 2014

    

La necesidad de una Renta Básica Estatal

El Movimiento contra el paro y la precariedad presentó a mediados de enero una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados para que los ciudadanos sin prestaciones reciban una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional (645 euros). Se trata de un ingreso mínimo que evitaría el desamparo de las personas que llevan desempleadas un largo periodo de tiempo (ya no cobran nada más de tres millones). Además ayudaría a erradicar la pobreza y combatiría la desigualdad. También reactivaría el consumo, uno de los principales motores económicos. En mi opinión es una iniciativa de justicia social. Máxime con el alargamiento de la crisis y el escaso trabajo que hay. Además,  ni siquiera el poco que se genera garantiza que las personas salgan de la pobreza por ser contratos temporales con bajos salarios. Sin estabilidad laboral no hay seguridad para llevar a cabo un proyecto vital. Y sin ingresos la vida se reduce a una lucha por sobrevivir. Más de la cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y las personas, por el hecho de existir, tienen derecho a una vida digna. Está clarísimo como el agua que el sistema capitalista no es capaz de asegurar que todos los seres humanos tengan un medio de vida con el cual cubrir sus necesidades más básicas. Dicho sistema también adolece de sobreproducción -lo que contribuye al agotamiento de los recursos naturales- y de amplios márgenes empresariales a costa de salarios reducidos. Hay directivos que ganan hasta diez veces más que los trabajadores. Si éstos tuvieran buenos salarios las empresas venderían mejor sus productos y se crearía empleo.

    Por otra parte, no es lógico que haya jornadas de trabajo tan largas como al comienzo de la Revolución Industrial con todo el progreso tecnológico que ha habido desde entonces. Y en ello ha influido la obsolescencia programada de muchos artículos, sobre todo aparatos electrónicos, que al finalizar su vida útil mucho antes los fabricantes nos obligan a comprar más (con la consiguiente disminución de la renta familiar) y a trabajar más horas. El Gobierno debería prohibir la caducidad programada por medio de una ley. Por otra parte, los avances en tecnologías como la informática, la robótica y la cibernética nos han facilitado el trabajo, pero también han contribuido a una reducción de la mano de obra en las empresas.  Esta es otra razón por la que cada vez se crea menos empleo. De ahí la necesidad perentoria de una renta básica, para que nadie quede en la cuneta y para mantener la paz social. Para poder hacer realidad la misma el Gobierno tendría que realizar una reforma fiscal que obligue a los ricos y a  las grandes empresas a tributar más; y combatir el fraude eficazmente. En este sentido las amnistías fiscales que han realizado los gobiernos han sido contraproducentes. Es un hecho alarmante que la mayor parte de la riqueza se concentre en una minoría de la población. Tan sólo 85 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Y no son precisamente las que más trabajan.

   Finalmente, la vida es mucho más que dedicarse exclusivamente a trabajar. Deberíamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Con más tiempo libre la vida ganaría en calidad. Podríamos dedicarnos más a la familia, a los amigos y a las aficiones, lo cual favorecería el desarrollo de nuestra personalidad. Además en el mundo hay dinero de sobra para que todas las personas vivan dignamente, sin esclavitud. Solamente hacen falta unos representantes que tengan la voluntad de legislar a favor de la mayoría para impedir que una minoría codiciosa concentre la mayor parte de la riqueza. Así es como las personas seríamos dueñas de nuestro destino.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 18 de febrero de 2014

La unión hace la fuerza

La mayoría de los ciudadanos son conscientes de la grave situación económica y social que vive el país. El Gobierno repite constantemente que la situación mejora pero la realidad confirma que no es así. No por repetir muchas veces una mentira ésta se convierte en verdad. Los principales parámetros económicos (paro, deuda, consumo e inversión) han empeorado en los dos últimos años. La mitad de las familias tienen alguno de sus miembros en paro y cada vez cierran más comercios y empresas. Los partidos mayoritarios han beneficiado mucho a la banca y a las grandes empresas y en cambio han ahogado a las pequeñas y medianas (empresas) y han descuidado la agricultura. Y ahora estamos pagando las consecuencias. España es un país excesivamente endeudado, con escaso tejido productivo, con mucha corrupción y en el que los más preparados están emigrando. El panorama es desolador. Son varias las causas que han llevado al país a la ruinosa situación en la que se encuentra. Dicha situación se gestó años atrás propiciando pelotazos urbanísticos, con la recalificación de terrenos para construir pisos a manta; y realizando obras faraónicas, con las que tantos alcaldes colmaban sus delirios de grandeza y sus bolsillos. Y se ha agravado con subidas de impuestos y recortes a la clase trabajadora. Cuánta gente se tuvo y se tiene que endeudar muchos años para acceder a una vivienda digna y sin embargo cuánto dinero se ha derrochado en obras públicas inútiles, tales como aeropuertos sin aviones, aparcamientos casi vacíos, grandes pabellones polideportivos en pueblos, la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, etc.

   En estos años de crisis (y de estafa), en los que la construcción de viviendas ha caído notablemente, los ayuntamientos están llevando a cabo la peatonalización del centro de bastantes ciudades con la construcción de aparcamientos subterráneos. Se trata de obras públicas que los alcaldes conceden a empresas y por las que tanto ellos como los concejales de urbanismo se llevan un tanto por ciento de comisión. En la última década hemos visto cómo los ayuntamientos han llenado las ciudades de zona azul. Cada vez hay menos aparcamientos gratuitos y con la peatonalización y la construcción de aparcamientos soterrados se pretende que la gente pague todavía más por aparcar. Tengo muy claro que existe un afán recaudatorio y a este paso los ciudadanos vamos a tener que pagar hasta por respirar. Hay gobernantes que quieren sacarnos hasta el último céntimo del bolsillo. Así difícilmente aumentará el consumo, que es la clave de la recuperación, pues el mismo representa dos tercios del Producto Interior Bruto.

   El mes pasado los ciudadanos de un barrio obrero de Burgos se unieron en la calle para protestar y lograron cambiar el planteamiento inicial del alcalde, que amparándose en una mayoría absoluta estaba obcecado con la realización de unas obras en las que resultaba beneficiado un constructor que fue condenado por corrupción en los años noventa. Quería convertir una avenida en un bulevar, con aparcamientos subterráneos. La mayoría de los vecinos y comerciantes se opusieron a la obra porque la veían como un perjuicio para sus intereses y no la consideraban prioritaria en un momento de tanto desempleo. Muchas personas de otros lugares del país nos solidarizamos con ellos. Los ciudadanos pagamos bastantes impuestos y es lógico que exijamos un adecuado empleo del dinero. Una mayoría absoluta no es un cheque en blanco para gobernar contra la voluntad popular. Y la principal lección que se puede extraer de lo ocurrido en el barrio burgalés de Gamonal es que cuando el pueblo se moviliza y se une en defensa de un interés común tiene una fuerza inmensa, capaz de frenar los abusos de los poderosos. Ellos lo saben y por eso tratan de dividirnos.

Publicado en Heraldo de Soria el sábado 1 de febrero de 2014

Acoso escolar y laboral

Los casos de acoso tanto en el ámbito educativo como en el laboral son cada vez más frecuentes. Son el claro reflejo de una sociedad en la que han perdido fuerza importantes valores (sobre todo el respeto) y de un sistema muy competitivo en el que bastantes personas pisan a otras con un fin arribista. Detectar -y sobre todo frenar a tiempo- los casos de acoso es fundamental para evitar las graves consecuencias (psicológicas, físicas o ambas) que tienen para sus víctimas. La mayor parte de las veces éstas sufren en silencio el acoso, pues el entorno se muestra indiferente con su situación y además casi ninguna de ellas denuncia al acosador por miedo.

   En colegios e institutos hay casos de acoso a alumnos y/o profesores. Hay padres que delegan la educación de sus hijos en el profesorado, cuando el cometido esencial de éste es la instrucción. Aunque los profesores también tienen en cuenta que las personas que forman son el futuro de la sociedad y les transmiten valores, los padres deberían educar a sus hijos en el respeto a los demás. Esa educación es la base para que la convivencia en la sociedad sea lo más armoniosa posible. Sin embargo hay padres que miman en exceso a sus hijos colmándolos materialmente, para que posean lo que ellos no tuvieron en su infancia. Y si además pasan poco tiempo con los hijos debido al trabajo, descuidan su educación y los niños no aprenden que hay que esforzarse para conseguir algo, no valoran lo que tienen y se engendran individuos egoístas, caprichosos y dictatoriales. Son éstos los que luego se ensañan con el profesor, insultándole o agrediéndole físicamente, o con compañeros de clase (a los que insultan, humillan y golpean). La perversión es tal que a veces hasta graban con el móvil estas vejaciones y las publican en Internet. El profesorado ha perdido casi toda la autoridad -entendida ésta como una forma de respeto, no como un acercamiento al autoritarismo- y además no es de extrañar que sea el colectivo profesional con más bajas por depresión. En cuanto a los niños, uno de cada cuatro sufre acoso escolar y la mayoría no lo cuenta a sus padres. Que un niño se vuelva huraño y que baje su rendimiento académico pueden ser síntomas reveladores de acoso. A veces los directores de los centros educativos tienen conocimiento de los casos de acoso pero se inhiben para evitar que dichos centros adquieran mala fama, convirtiéndose así en cómplices de la injusticia. Y algunos jóvenes acosados no soportan tanta presión y acaban suicidándose. Es la gota que colma el vaso.

   En cuanto al acoso laboral decir que suele ser psicológico. En el trabajo se pasan muchas horas (tantas o más que en la cama), por lo que es vital una buena relación entre compañeros. Es uno de los lugares donde mejor se conoce a la gente. La envidia o el afán de medrar llevan a bastantes personas a hacer la vida imposible a sus compañeros para que se depriman y abandonen el puesto de trabajo. Aunque siempre ha existido el acoso laboral ahora ha aumentado por el contexto económico, en el que el trabajo escasea. De hecho hay jefes muy exigentes y encargados prepotentes sin empatía que se aprovechan de la complicada situación laboral y del despido barato: gritan, hostigan y explotan a los trabajadores, haciéndoles trabajar más horas sin pagárselas. Saben muy bien que si un trabajador desiste habrá otro que satisfaga sus aspiraciones. Resumiendo, vayamos contra la ley del más fuerte denunciando estas y otras injusticias para reducir al máximo las conductas pésimas.

Publicado en Heraldo de Soria el sábado 25 de enero de 2014

¿Y los derechos de los ya nacidos?

La reforma de la ley del aborto del Gobierno del PP se aleja de la tendencia general de muchos países de Europa, ya que la mayor parte de ellos se decantan por un aborto legal y seguro con una ley de plazos similar a la que tenemos actualmente en España. Países de nuestro entorno permiten el aborto libre hasta las primeras doce semanas tras el embarazo. En España hasta la semana catorce con la ley de plazos del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En nuestro país aproximadamente el 70 % de la población es partidaria de esa ley de plazos aún vigente. Pero el Gobierno del PP utiliza la mayoría absoluta para contentar a su parroquia, ya que atraviesa un momento difícil por la presunta financiación ilegal de su partido, el caso Bárcenas y la corrupción institucionalizada. Y ahora la reforma de la ley del aborto también le sirve como cortina de humo. No viene a cuento dicha reforma pues en 2012 los abortos se redujeron un 5 % y actualmente están estancados. Hasta el diario británico The Times, que no es sospechoso de ser de izquierdas, argumenta que se trata de un abuso de poder.

   Por otra parte, ni el embrión ni el feto en sus primeros estados son personas -no hay que confundir ser en potencia con ser en acto-, por lo que no se mata a nadie abortando en el plazo estipulado en la ley actual. El gobierno conservador dice que es necesario defender el derecho a la vida de los no nacidos; sin embargo se la complica sobremanera a los que ya están en el mundo no parando los desahucios (cada vez hay más gente sin techo), favoreciendo con su política los despidos laborales y la caridad (los comedores sociales no dan abasto, los bancos de alimentos requieren más comida y cada vez hay más personas pidiendo en la calle) y poniendo cuchillas en la Valla de Melilla, las cuales desangran -e incluso matan- a los inmigrantes. También hay muchas personas conservadoras que son intolerantes con los homosexuales por ser “distintos” -y por no perpetuar la especie- y bastantes de ellas están a favor de la pena de muerte.

  

El Gobierno defiende a los no nacidos pero los desamparados no le importan

   

   Y además el reaccionario anteproyecto de ley del aborto, que solamente lo permite en caso de violación o de riesgo para la madre, convierte un derecho de la mujer en un delito y un privilegio. Como antaño ocurría, las mujeres que puedan costearse un aborto en el extranjero lo harán en condiciones higiénicas y saludables, pero las más pobres se verán abocadas a matasanos poniendo en riesgo su vida. De hecho la Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente mueren unas 70.000 mujeres por practicar abortos inseguros. Otro aspecto negativo de la nueva ley es que prohíbe abortar en caso de malformaciones severas del feto, por lo que vendrán al mundo personas con lesiones graves e incurables, con una calidad de vida muy baja y una esperanza de vida reducida. Y ello traerá sufrimiento para sus familias y máxime con el abandono de la Ley de Dependencia.

    

   En definitiva, la cuestión no es traer muchas personas a este injusto mundo, sino que las que vengan al mismo puedan vivir con dignidad. Ésta hace que la vida merezca la pena. Y finalmente, no cabe duda de que la reforma de la ley del aborto tiene el mismo trasfondo ideológico que la reforma laboral y la educativa: bajo ella subyace la necesidad de mano de obra barata que tiene la derecha para mantener el poder y sus privilegios.