La necesidad de una Renta Básica Estatal

El Movimiento contra el paro y la precariedad presentó a mediados de enero una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados para que los ciudadanos sin prestaciones reciban una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional (645 euros). Se trata de un ingreso mínimo que evitaría el desamparo de las personas que llevan desempleadas un largo periodo de tiempo (ya no cobran nada más de tres millones). Además ayudaría a erradicar la pobreza y combatiría la desigualdad. También reactivaría el consumo, uno de los principales motores económicos. En mi opinión es una iniciativa de justicia social. Máxime con el alargamiento de la crisis y el escaso trabajo que hay. Además,  ni siquiera el poco que se genera garantiza que las personas salgan de la pobreza por ser contratos temporales con bajos salarios. Sin estabilidad laboral no hay seguridad para llevar a cabo un proyecto vital. Y sin ingresos la vida se reduce a una lucha por sobrevivir. Más de la cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y las personas, por el hecho de existir, tienen derecho a una vida digna. Está clarísimo como el agua que el sistema capitalista no es capaz de asegurar que todos los seres humanos tengan un medio de vida con el cual cubrir sus necesidades más básicas. Dicho sistema también adolece de sobreproducción -lo que contribuye al agotamiento de los recursos naturales- y de amplios márgenes empresariales a costa de salarios reducidos. Hay directivos que ganan hasta diez veces más que los trabajadores. Si éstos tuvieran buenos salarios las empresas venderían mejor sus productos y se crearía empleo.

    Por otra parte, no es lógico que haya jornadas de trabajo tan largas como al comienzo de la Revolución Industrial con todo el progreso tecnológico que ha habido desde entonces. Y en ello ha influido la obsolescencia programada de muchos artículos, sobre todo aparatos electrónicos, que al finalizar su vida útil mucho antes los fabricantes nos obligan a comprar más (con la consiguiente disminución de la renta familiar) y a trabajar más horas. El Gobierno debería prohibir la caducidad programada por medio de una ley. Por otra parte, los avances en tecnologías como la informática, la robótica y la cibernética nos han facilitado el trabajo, pero también han contribuido a una reducción de la mano de obra en las empresas.  Esta es otra razón por la que cada vez se crea menos empleo. De ahí la necesidad perentoria de una renta básica, para que nadie quede en la cuneta y para mantener la paz social. Para poder hacer realidad la misma el Gobierno tendría que realizar una reforma fiscal que obligue a los ricos y a  las grandes empresas a tributar más; y combatir el fraude eficazmente. En este sentido las amnistías fiscales que han realizado los gobiernos han sido contraproducentes. Es un hecho alarmante que la mayor parte de la riqueza se concentre en una minoría de la población. Tan sólo 85 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Y no son precisamente las que más trabajan.

   Finalmente, la vida es mucho más que dedicarse exclusivamente a trabajar. Deberíamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Con más tiempo libre la vida ganaría en calidad. Podríamos dedicarnos más a la familia, a los amigos y a las aficiones, lo cual favorecería el desarrollo de nuestra personalidad. Además en el mundo hay dinero de sobra para que todas las personas vivan dignamente, sin esclavitud. Solamente hacen falta unos representantes que tengan la voluntad de legislar a favor de la mayoría para impedir que una minoría codiciosa concentre la mayor parte de la riqueza. Así es como las personas seríamos dueñas de nuestro destino.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 18 de febrero de 2014

La unión hace la fuerza

La mayoría de los ciudadanos son conscientes de la grave situación económica y social que vive el país. El Gobierno repite constantemente que la situación mejora pero la realidad confirma que no es así. No por repetir muchas veces una mentira ésta se convierte en verdad. Los principales parámetros económicos (paro, deuda, consumo e inversión) han empeorado en los dos últimos años. La mitad de las familias tienen alguno de sus miembros en paro y cada vez cierran más comercios y empresas. Los partidos mayoritarios han beneficiado mucho a la banca y a las grandes empresas y en cambio han ahogado a las pequeñas y medianas (empresas) y han descuidado la agricultura. Y ahora estamos pagando las consecuencias. España es un país excesivamente endeudado, con escaso tejido productivo, con mucha corrupción y en el que los más preparados están emigrando. El panorama es desolador. Son varias las causas que han llevado al país a la ruinosa situación en la que se encuentra. Dicha situación se gestó años atrás propiciando pelotazos urbanísticos, con la recalificación de terrenos para construir pisos a manta; y realizando obras faraónicas, con las que tantos alcaldes colmaban sus delirios de grandeza y sus bolsillos. Y se ha agravado con subidas de impuestos y recortes a la clase trabajadora. Cuánta gente se tuvo y se tiene que endeudar muchos años para acceder a una vivienda digna y sin embargo cuánto dinero se ha derrochado en obras públicas inútiles, tales como aeropuertos sin aviones, aparcamientos casi vacíos, grandes pabellones polideportivos en pueblos, la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, etc.

   En estos años de crisis (y de estafa), en los que la construcción de viviendas ha caído notablemente, los ayuntamientos están llevando a cabo la peatonalización del centro de bastantes ciudades con la construcción de aparcamientos subterráneos. Se trata de obras públicas que los alcaldes conceden a empresas y por las que tanto ellos como los concejales de urbanismo se llevan un tanto por ciento de comisión. En la última década hemos visto cómo los ayuntamientos han llenado las ciudades de zona azul. Cada vez hay menos aparcamientos gratuitos y con la peatonalización y la construcción de aparcamientos soterrados se pretende que la gente pague todavía más por aparcar. Tengo muy claro que existe un afán recaudatorio y a este paso los ciudadanos vamos a tener que pagar hasta por respirar. Hay gobernantes que quieren sacarnos hasta el último céntimo del bolsillo. Así difícilmente aumentará el consumo, que es la clave de la recuperación, pues el mismo representa dos tercios del Producto Interior Bruto.

   El mes pasado los ciudadanos de un barrio obrero de Burgos se unieron en la calle para protestar y lograron cambiar el planteamiento inicial del alcalde, que amparándose en una mayoría absoluta estaba obcecado con la realización de unas obras en las que resultaba beneficiado un constructor que fue condenado por corrupción en los años noventa. Quería convertir una avenida en un bulevar, con aparcamientos subterráneos. La mayoría de los vecinos y comerciantes se opusieron a la obra porque la veían como un perjuicio para sus intereses y no la consideraban prioritaria en un momento de tanto desempleo. Muchas personas de otros lugares del país nos solidarizamos con ellos. Los ciudadanos pagamos bastantes impuestos y es lógico que exijamos un adecuado empleo del dinero. Una mayoría absoluta no es un cheque en blanco para gobernar contra la voluntad popular. Y la principal lección que se puede extraer de lo ocurrido en el barrio burgalés de Gamonal es que cuando el pueblo se moviliza y se une en defensa de un interés común tiene una fuerza inmensa, capaz de frenar los abusos de los poderosos. Ellos lo saben y por eso tratan de dividirnos.

Publicado en Heraldo de Soria el sábado 1 de febrero de 2014

Acoso escolar y laboral

Los casos de acoso tanto en el ámbito educativo como en el laboral son cada vez más frecuentes. Son el claro reflejo de una sociedad en la que han perdido fuerza importantes valores (sobre todo el respeto) y de un sistema muy competitivo en el que bastantes personas pisan a otras con un fin arribista. Detectar -y sobre todo frenar a tiempo- los casos de acoso es fundamental para evitar las graves consecuencias (psicológicas, físicas o ambas) que tienen para sus víctimas. La mayor parte de las veces éstas sufren en silencio el acoso, pues el entorno se muestra indiferente con su situación y además casi ninguna de ellas denuncia al acosador por miedo.

   En colegios e institutos hay casos de acoso a alumnos y/o profesores. Hay padres que delegan la educación de sus hijos en el profesorado, cuando el cometido esencial de éste es la instrucción. Aunque los profesores también tienen en cuenta que las personas que forman son el futuro de la sociedad y les transmiten valores, los padres deberían educar a sus hijos en el respeto a los demás. Esa educación es la base para que la convivencia en la sociedad sea lo más armoniosa posible. Sin embargo hay padres que miman en exceso a sus hijos colmándolos materialmente, para que posean lo que ellos no tuvieron en su infancia. Y si además pasan poco tiempo con los hijos debido al trabajo, descuidan su educación y los niños no aprenden que hay que esforzarse para conseguir algo, no valoran lo que tienen y se engendran individuos egoístas, caprichosos y dictatoriales. Son éstos los que luego se ensañan con el profesor, insultándole o agrediéndole físicamente, o con compañeros de clase (a los que insultan, humillan y golpean). La perversión es tal que a veces hasta graban con el móvil estas vejaciones y las publican en Internet. El profesorado ha perdido casi toda la autoridad -entendida ésta como una forma de respeto, no como un acercamiento al autoritarismo- y además no es de extrañar que sea el colectivo profesional con más bajas por depresión. En cuanto a los niños, uno de cada cuatro sufre acoso escolar y la mayoría no lo cuenta a sus padres. Que un niño se vuelva huraño y que baje su rendimiento académico pueden ser síntomas reveladores de acoso. A veces los directores de los centros educativos tienen conocimiento de los casos de acoso pero se inhiben para evitar que dichos centros adquieran mala fama, convirtiéndose así en cómplices de la injusticia. Y algunos jóvenes acosados no soportan tanta presión y acaban suicidándose. Es la gota que colma el vaso.

   En cuanto al acoso laboral decir que suele ser psicológico. En el trabajo se pasan muchas horas (tantas o más que en la cama), por lo que es vital una buena relación entre compañeros. Es uno de los lugares donde mejor se conoce a la gente. La envidia o el afán de medrar llevan a bastantes personas a hacer la vida imposible a sus compañeros para que se depriman y abandonen el puesto de trabajo. Aunque siempre ha existido el acoso laboral ahora ha aumentado por el contexto económico, en el que el trabajo escasea. De hecho hay jefes muy exigentes y encargados prepotentes sin empatía que se aprovechan de la complicada situación laboral y del despido barato: gritan, hostigan y explotan a los trabajadores, haciéndoles trabajar más horas sin pagárselas. Saben muy bien que si un trabajador desiste habrá otro que satisfaga sus aspiraciones. Resumiendo, vayamos contra la ley del más fuerte denunciando estas y otras injusticias para reducir al máximo las conductas pésimas.

Publicado en Heraldo de Soria el sábado 25 de enero de 2014

¿Y los derechos de los ya nacidos?

La reforma de la ley del aborto del Gobierno del PP se aleja de la tendencia general de muchos países de Europa, ya que la mayor parte de ellos se decantan por un aborto legal y seguro con una ley de plazos similar a la que tenemos actualmente en España. Países de nuestro entorno permiten el aborto libre hasta las primeras doce semanas tras el embarazo. En España hasta la semana catorce con la ley de plazos del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En nuestro país aproximadamente el 70 % de la población es partidaria de esa ley de plazos aún vigente. Pero el Gobierno del PP utiliza la mayoría absoluta para contentar a su parroquia, ya que atraviesa un momento difícil por la presunta financiación ilegal de su partido, el caso Bárcenas y la corrupción institucionalizada. Y ahora la reforma de la ley del aborto también le sirve como cortina de humo. No viene a cuento dicha reforma pues en 2012 los abortos se redujeron un 5 % y actualmente están estancados. Hasta el diario británico The Times, que no es sospechoso de ser de izquierdas, argumenta que se trata de un abuso de poder.

   Por otra parte, ni el embrión ni el feto en sus primeros estados son personas -no hay que confundir ser en potencia con ser en acto-, por lo que no se mata a nadie abortando en el plazo estipulado en la ley actual. El gobierno conservador dice que es necesario defender el derecho a la vida de los no nacidos; sin embargo se la complica sobremanera a los que ya están en el mundo no parando los desahucios (cada vez hay más gente sin techo), favoreciendo con su política los despidos laborales y la caridad (los comedores sociales no dan abasto, los bancos de alimentos requieren más comida y cada vez hay más personas pidiendo en la calle) y poniendo cuchillas en la Valla de Melilla, las cuales desangran -e incluso matan- a los inmigrantes. También hay muchas personas conservadoras que son intolerantes con los homosexuales por ser “distintos” -y por no perpetuar la especie- y bastantes de ellas están a favor de la pena de muerte.

  

El Gobierno defiende a los no nacidos pero los desamparados no le importan

   

   Y además el reaccionario anteproyecto de ley del aborto, que solamente lo permite en caso de violación o de riesgo para la madre, convierte un derecho de la mujer en un delito y un privilegio. Como antaño ocurría, las mujeres que puedan costearse un aborto en el extranjero lo harán en condiciones higiénicas y saludables, pero las más pobres se verán abocadas a matasanos poniendo en riesgo su vida. De hecho la Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente mueren unas 70.000 mujeres por practicar abortos inseguros. Otro aspecto negativo de la nueva ley es que prohíbe abortar en caso de malformaciones severas del feto, por lo que vendrán al mundo personas con lesiones graves e incurables, con una calidad de vida muy baja y una esperanza de vida reducida. Y ello traerá sufrimiento para sus familias y máxime con el abandono de la Ley de Dependencia.

    

   En definitiva, la cuestión no es traer muchas personas a este injusto mundo, sino que las que vengan al mismo puedan vivir con dignidad. Ésta hace que la vida merezca la pena. Y finalmente, no cabe duda de que la reforma de la ley del aborto tiene el mismo trasfondo ideológico que la reforma laboral y la educativa: bajo ella subyace la necesidad de mano de obra barata que tiene la derecha para mantener el poder y sus privilegios.

La imparable subida de la luz

La factura eléctrica viene que quema. Desde el inicio de la crisis la luz ha subido un 60 %. Sin embargo la renta media de los hogares ha caído notablemente. Por ello, hay ciudadanos que están optando por bajar la potencia contratada para ahorrar. Aunque cerca de cuatro millones ya no pueden encender la calefacción porque el poco dinero del que disponen lo necesitan para comer. El año pasado las eléctricas cortaron la luz a casi millón y medio de hogares en España. La luz es algo básico y el Gobierno debería garantizar el suministro a las personas más necesitadas y máxime en el contexto actual. Actualmente en este país, la mayor parte de los sueldos y pensiones se van en pagar facturas y en alimentarse, por lo que pocas personas pueden ahorrar y consumir otros productos que necesitan. La situación económica no mejorará mientras la gente no tenga más dinero en su bolsillo y pueda vivir con dignidad y autosuficiencia.

   Es llamativo el hecho de que la liberalización del sector energético no haya beneficiado a los consumidores. A pesar de aumentar la competencia en el suministro eléctrico los precios no han dejado de subir y tanto el actual Gobierno como los anteriores son responsables de ello. Ya a finales de los años 70 del siglo pasado, el entonces Ministro de Industria, Alberto Oliart, se negó a la nacionalización de las líneas de alta tensión. Oliart defendía los intereses de las empresas de electricidad y no el de los ciudadanos. Se encareció la energía eléctrica. Posteriormente, durante el Gobierno de Aznar se privatizó totalmente la empresa estatal Endesa. Actualmente Aznar es asesor externo de dicha eléctrica para América latina y percibe una retribución por ello de unos 200.000 euros anuales. El expresidente del Gobierno Felipe González entró en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa en 2010 por unos 125.000 euros al año. Y como ellos, otros políticos del PP y del PSOE ocupan puestos relevantes en compañías eléctricas, sobre todo tras retirarse de la actividad política. Por eso cuando están en el Gobierno las favorecen tanto, en lugar de beneficiar a los ciudadanos. El actual Ministro de Industria, José Manuel Soria, dice que “la nueva Ley del sector eléctrico pretende acabar con el llamado déficit tarifario, una deuda acumulada de unos 30.000 millones de euros”. Sin embargo, los números no cuadran porque los beneficios de las eléctricas siguen aumentando año tras año. Por lo que el déficit tarifario, más que lo que se ingresa por la factura de la luz (cuya mitad de su importe son impuestos, por cierto) y lo que cuesta generarla, es en realidad lo que se ingresa por la factura de la luz y lo que oficialmente se ha fijado que cuesta esa generación. Y posiblemente se nos esté cobrando la luz al doble de su valor real. Por otra parte, la susodicha Ley del sector eléctrico penaliza el autoconsumo de energía solar y quien tenga una instalación fotovoltaica en su casa tendrá que pagar un impuesto por ello. Este gobierno privatiza hasta el Sol.

   Finalmente comentaré que Antonio Moreno, un ingeniero industrial jubilado, lleva casi 20 años denunciando irregularidades en la factura de la luz. Según sus cálculos, las empresas eléctricas han cobrado más de 10.000 millones de euros a los clientes de forma fraudulenta. Gracias a sus reclamaciones, los clientes han ahorrado unos 500 millones de euros, puesto que durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero el precio de los contadores se redujo un 10 % y se prohibieron derechos de enganche por la sustitución del contador electromecánico por el electrónico. Hacen falta más personas que denuncien las estafas, como Antonio Moreno hace. Además las personas honradas debemos rebelarnos contra los gobiernos que suban los impuestos para beneficiar únicamente a políticos de los mismos y a grandes empresas. Y también debemos exigirles que persigan a los defraudadores y ladrones que pueden pagar y no lo hacen. Por ejemplo, hay urbanizaciones llenas de gente pudiente que vive en un chalet pero tiene la luz “pinchada” antes de llegar al contador. En definitiva, señoras y señores del Gobierno, dejen de fastidiar a la mayoría por beneficiar a una minoría.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 17 de diciembre de 2013

El desprestigio de los sindicatos

Los sindicatos son la principal herramienta de lucha colectiva que tienen los trabajadores. Con sus luces y sombras, son pilares de los derechos laborales y necesarios en una democracia. Su papel de defensa de los derechos de los trabajadores está recogido en la Constitución española de 1978. Uno de los sueños de la derecha, además del fin de las ideologías, es la desaparición de los sindicatos. Esa es su obsesión y de ahí vienen sus continuos ataques a los mismos. También persigue enfrentar a los trabajadores, a los que tienen empleo con los que no, y a todos ellos con los sindicatos. Su estrategia es “divide y vencerás”. Y en un momento tan difícil para la mayoría de la población, trabajadores y sindicatos deberían estar más unidos que nunca con el fin de frenar los abusos y recortes de la derecha.

   Tradicionalmente, la derecha ha considerado a los sindicatos como unos adversarios a batir para mantener sus privilegios y conseguir sus intereses. Pero es en los últimos años, en los que el Gobierno conservador ha llevado a cabo numerosos recortes sociales, cuando el acoso y derribo a la figura del sindicalista y el desprestigio de los sindicatos (sobre todo mayoritarios) se han intensificado en los medios conservadores. Éstos ponen el foco en las subvenciones públicas que reciben (pero no dicen nada del dinero público que el Gobierno destina a la patronal), en la vida de los sindicalistas, en el asunto de los ERE (en el que por cierto la Justicia determinará qué imputados son culpables, pues por la mala conducta de varias personas no se debe generalizar y pensar que todos los sindicalistas son unos ladrones), etc. Y todo ello para que la sociedad desvíe la atención de las verdaderas causas de la ruinosa situación del país, que son las políticas neoliberales. Éstas conducen a paro masivo, aumentan la desigualdad y la pobreza –al concentrar el capital en pocas manos-, se cargan lo público y crean trabajo en semiesclavitud. La reforma laboral del Gobierno conservador, que sigue los dictados de la Troika, además de abaratar todavía más el despido también ha abolido la negociación colectiva de bastantes convenios, con lo que los trabajadores se encuentran cada vez más desprotegidos, amparados únicamente por el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo interprofesional (unos 645 euros), que el PP solamente ha subido unos 4 euros desde que ganara las elecciones en noviembre de 2011. Además debido al elevado desempleo hay mucha necesidad y bastante gente acepta trabajar por debajo del salario mínimo, y ello trae como consecuencia sueldos más bajos y un aumento del margen de los beneficios empresariales. Sin lugar a dudas, los más afectados por la actual coyuntura económica son los trabajadores asalariados y sobre todo los desempleados que ya no cobran.

 

La unión de sindicatos y trabajadores ha sido clave en el éxito de la huelga de limpieza en Madrid

    Finalmente, decir que a la derecha le molesta mucho que la gente proteste, considera unos quinquis a los que se manifiestan y prefiere una mayoría silenciosa sentada en el sillón de su casa. Por eso quiere cercenar las manifestaciones y las huelgas. Sin embargo, los derechos laborales que intenta reducir (los cuales además son constitucionales) no se consiguieron sin movilización; hubo personas que lucharon por conquistarlos. La jornada de 8 horas se logró gracias a un sindicato anarquista (de ahí la celebración del Primero de Mayo) y el derecho a la huelga se consiguió, valga la redundancia, haciendo huelgas. La actitud de los barrenderos de Madrid el mes pasado, que no fueron a trabajar cerca de dos semanas tras conocer las intenciones de su empresa -una rebaja salarial en torno al 40 % y más de 1.000 despidos-, es el camino a seguir para acabar con esta estafa a la que los burgueses llaman crisis. El capital, sin la plusvalía que generan los trabajadores, claudica ante la continuada ausencia de mano de obra y no consuma sus pretensiones más explotadoras e inhumanas.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 3 de diciembre de 2013

La regeneración de la política

En teoría, la política es una de las actividades más nobles a las que puede dedicarse una persona. Es un instrumento que puede mejorar la vida de los ciudadanos. También es la forma de organizar la sociedad, por lo que no tiene sentido no interesarse por ella. En la práctica, vemos que hay una gran desafección de los ciudadanos hacia ella por la mala gestión y la corrupción de bastantes políticos. Por ello, es necesaria una regeneración de la política, comenzando por los partidos políticos que son instituciones cerradas sin elecciones primarias con el único objetivo de ganar convocatorias electorales. También los ciudadanos tienen su parte de responsabilidad en dicha regeneración, no volviendo a depositar la confianza en políticos corruptos, en malos administradores del dinero público y en partidos que incumplan su programa electoral. Además la política debe ser vocacional. Tiene que ser ejercida por gente honrada, formada, con experiencia profesional, que anteponga los intereses generales a los particulares y que esté en ella temporalmente.

    Tantos casos de corrupción han llevado a pensar a muchos ciudadanos que todos los políticos son iguales. Y eso no es así. Ha habido y hay políticos comprometidos, honrados y coherentes. Y hay que saber distinguirlos. Por ejemplo Julio Anguita, ex secretario general del PCE, renunció por escrito a la pensión máxima vitalicia, a la que tenía derecho por haber sido parlamentario. Y como él hay otros políticos austeros y sencillos que son partidarios de renunciar a privilegios. Sin embargo hay políticos que ocupan tres cargos y cobran por cada uno de ellos. Es algo injusto y más en una situación como la actual. Que cobren por uno solo de los cargos. Y en cuanto a los diputados nacionales decir que tienen privilegios como buenos sueldos, el aforamiento parlamentario y jubilaciones aseguradas con pocos años de cotización, cuando a los demás nos exigen 35 para tener derecho a la pensión completa. Los diputados que no están dispuestos a renunciar a estas condiciones ventajosas no son creíbles cuando hablan de igualdad. También me parecen criticables los elevados sueldos de alcaldes de algunas ciudades y de presidentes de varias regiones. Comprendo que la política sea una actividad remunerada, pues de no ser así únicamente podrían dedicarse a ella los ricos. Pero hay políticos que ganan demasiado y bajándose el sueldo a la mitad contribuirían a reducir el déficit del Estado y ello ayudaría a superar la crisis. No es lógico que nos suban los impuestos y ellos continúen con un tren de vida elevado. Y más cuando hay gente pasando hambre o durmiendo en la calle.

   

   Por otra parte, tampoco veo necesarios tantos políticos para la población que tiene España. Con la mitad estaríamos igualmente representados. Además tanto el mandato del presidente del Gobierno como de otros cargos públicos debería limitarse por ley a 8 años. Demasiados años en el poder u ocupando cargos favorece la corrupción. Y también soy partidario de reformar la Ley electoral más que de la existencia de listas abiertas. Con éstas podríamos volver al caciquismo de finales del siglo diecinueve, a la época de Cánovas y Sagasta, en la que dos partidos burgueses se turnaban en el gobierno gracias a los votos comprados por los ricos. Es más, el Senado se vota en listas abiertas y Bárcenas resultó elegido en Cantabria (sin ser de allí siquiera) en poco tiempo y con un gran número de votos. Aparte, otra de las causas de la corrupción es que dos partidos mayoritarios se turnan acaparando demasiado poder. Sabiendo que uno y otro van a gobernar alternándose ya no tienen interés en esforzarse por hacer las cosas de la mejor forma posible. Reformando la Ley electoral, que beneficia a las mayorías y provoca notables distorsiones, habría una representación justa y bastante gente votaría a otros partidos. Y eso unido a una participación de los ciudadanos en la economía y una Justicia independiente y eficaz fortalecería la democracia.

Publicado en Heraldo de Soria el martes 5 de noviembre de 2013