Finaliza una legislatura con un inédito Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) en la democracia española, posiblemente la más productiva en materia legislativa. Algunos decían que este Gobierno iba a durar poco y sin embargo ha conseguido sacar adelante todos los presupuestos generales del Estado, incluso en circunstancias adversas como una pandemia y la guerra en Ucrania. Al poco tiempo de su llegada tuvo que enfrentarse a una histórica pandemia en la que, a diferencia de otros países europeos, no contó con el apoyo de la oposición. Es más, el PP llegó a culparle de ella. La gestión que el Gobierno progresista hizo de la misma fue bien distinta a la realizada hace una década por el Gobierno conservador en la anterior crisis de carácter financiero. A pesar de que algo tan pequeño como un virus paralizó la actividad económica durante un tiempo, el Estado no quebró: siguieron pagándose las prestaciones y pensiones, etc. Además los trabajadores estuvieron protegidos con la aplicación de los ERTE. Estos salvaron miles de puestos de trabajo y ahorraron los costes del despido a las empresas. En la crisis financiera que se inició en 2008 millones de personas perdieron su empleo, siendo abandonadas a su suerte. Los ERTE ya existían en el año 2010, pero Rajoy no los aplicó. Con él en el Gobierno se alcanzó la cifra de desempleo más alta desde 1978; fue en febrero de 2013, cuando la cifra de parados inscritos en las oficinas de empleo superó los cinco millones de personas. Y eso que Rajoy aspiraba a que hubiese más de 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social. Actualmente se supera esa cifra y con muchos contratos indefinidos por la Reforma Laboral. Además millones de trabajadores han visto mejoradas sus nóminas con la subida del salario mínimo a 1.080 euros (cuando M. Rajoy fue echado del Gobierno, en el año 2018, estaba en 735). Sin embargo es fundamental que los empresarios suban los sueldos a los trabajadores conforme al IPC para que estos no sigan perdiendo poder adquisitivo.
En cuanto a las pensiones, el Gobierno de coalición progresista las subió a comienzos de este año un 8’5 % (la inflación media del año 2022), frente al 0’25 % de Rajoy que casi no daba ni para pipas (y encima de subirlas poquísimo, vació la “hucha de las pensiones”). Prefirió rescatar a las cajas en lugar de proteger a las personas. Además, en este 2023 el Gobierno ha logrado un acuerdo con Bruselas para reformar las pensiones sin recortes y asegurar su sostenibilidad aumentando los ingresos, subiendo las cotizaciones que pagan las empresas por los salarios más altos para subir las pensiones más bajas.
El Ejecutivo progresista también creó el Ingreso Mínimo Vital (aprobado en mayo de 2020) para tratar de prevenir la pobreza de personas que viven solas, pero es insuficiente y además no llega a todos sus potenciales beneficiarios por la burocracia y la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social. Para acabar con la pobreza lo más eficaz es una Renta Básica Universal.
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| PSOE y Podemos firmaron el acuerdo de Gobierno en diciembre de 2019 |
Por otra parte, en esta legislatura se ha aprobado la ley de eutanasia, que entró en vigor en junio de 2021. Era necesaria una regulación que despenalizara la muerte asistida en algunas circunstancias, en casos extremos en los que el dolor es insoportable, como por ejemplo el de Ramón Sampedro o el de la mujer de Ángel Hernández.
En relación con la polémica ley del “solo sí es sí” (aprobada en agosto de 2022) decir que, en mi opinión, su intención era buena -poner el consentimiento en el centro para definir las agresiones sexuales-, pero tuvo efectos indeseados. No obstante, las reducciones de condena y las excarcelaciones de violadores y pederastas podrían haberse evitado si los jueces hubiesen aplicado una disposición, según dijo el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Pero una parte importante de la judicatura es muy conservadora y trata de perjudicar al Gobierno, especialmente a Podemos. Solo hay que ver que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de cuatro años sin ser renovado por el bloqueo del PP.
En octubre de 2022 fue aprobada la ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Es muy importante que todos los ciudadanos del país conozcan la Historia; sobre todo la del siglo pasado, que casi no se enseña en los institutos. Que la gente sepa por qué se produjo la mal llamada “Guerra Civil” (una lucha de clases precedida de un golpe de Estado) para que no se repita semejante atrocidad; que todo el mundo tenga conocimiento de la represión en la dictadura franquista, periodo declarado ilegal en la nueva ley.
La educación pública es uno de los pilares del Estado de Bienestar, fundamental para el progreso de la sociedad. En febrero de este año 2023 se aprobó el Real Decreto que regula la convocatoria de becas y el Gobierno destina a estas ayudas más de 2.500 millones de euros, la cantidad más elevada de la historia. Supone un incremento del 70 % respecto al último año del Gobierno de Rajoy y van a beneficiarse más de un millón de estudiantes. Los alumnos más pobres repiten cuatro veces más que los que tienen más recursos y las becas reducen o incluso corrigen esa desigualdad.
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| Foto previa al primer Consejo de Ministros, celebrado en enero de 2020 |
Por otra parte, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, no ha sido derogada ni reformada por la negativa del PSOE a reformar los artículos que han supuesto un tercio de las sanciones de dicha ley o a prohibir las devoluciones en caliente. Con ella el Gobierno conservador de Rajoy trató de acallar las protestas e intimidar a la sociedad civil. Perseguía que esta no se manifestara por los recortes y la corrupción, so pena de arriesgarse a elevadas multas. Sin duda, una mordaza a la libertad de expresión que recuerda tiempos pasados de autoritarismo.
La ley de vivienda es una de las leyes más importantes del país por tratarse de un derecho humano, recogido en la Constitución. Estuvo más de un año bloqueada por la negativa inicial de la parte socialista del Gobierno a fijar topes a los precios del alquiler, pero finalmente fue aprobada en el Congreso el pasado mes de abril. Este año se está aplicando el límite del 2 % a la subida del alquiler, en 2024 será del 3 % y a partir de 2025 será más estable e inferior a la evolución del IPC. Asimismo, la ley de vivienda incluye la regulación de los precios de los alquileres con el establecimiento de un tope a los mismos en zonas tensionadas, donde más suben las rentas. También incluye la prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminadas. Además reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucios mediante alquileres sociales bonificados. Por otra parte, habría que intervenir las hipotecas variables y ponerles un precio máximo. Y la creación de una banca pública, incluida en el programa electoral de Podemos, ayudaría a financiar las necesidades de la gente. En España hubo una banca pública rentable, Argentaria, que tenía la cuarta parte del mercado hipotecario. Pero fue privatizada por Aznar.
Por todo lo anterior, yo creo que el balance de la legislatura del Gobierno de coalición es positivo en general, ya que este ha tratado de proteger a la gente en coyunturas económicas difíciles (con una oposición pésima que no ha ayudado en nada, tratando de tumbar al Gobierno desde el inicio de la legislatura); y se han producido avances importantes en cuestiones económicas y en derechos sociales. Podrían haber sido mayores, pero al PSOE le falta valor para hacer las políticas que pregona cuando está en la oposición. Sin la presencia de Podemos en el Gobierno de coalición, algunos de estos avances no habrían sido tan significativos. Dicha presencia ha sido y es muy incómoda para los poderes económicos, que están desestabilizando la economía disparando los precios de productos básicos, en otro intento de derribar al Gobierno. Ya lo intentaron con la energía y el Gobierno tuvo que intervenir el mercado eléctrico para abaratarla. A todo ello hay que añadir el acoso judicial y mediático al mismo (especialmente a Podemos) porque la derecha niega su legitimidad. Sorprendentemente, el PP viene liderando casi todas las encuestas. Si vuelve al Gobierno no solamente se frenará el avance en derechos para la mayoría, sino que se corre el riesgo de una involución.
