Acceder
a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, se ha convertido en un
lujo. Dicho acceso está condicionado al nivel de renta. No es normal que una
persona tenga que destinar la mitad de su sueldo e incluso la mayor parte del
mismo para vivir de alquiler o que tenga que casarse con un banco, endeudándose
casi media vida, para poder acceder en propiedad a una vivienda digna. Y máxime
siendo esta un derecho constitucional. Para que la vivienda sea realmente un derecho
y no un lujo, debe dejar de considerarse un bien de mercado. En España hay una
fuerte cultura de la propiedad, del acaparamiento, con la finalidad de
especular en muchos casos. De hecho ha aumentado el número de grandes tenedores
de vivienda, que son las personas que tienen en propiedad más de 10 inmuebles.
Por otra parte, el número de personas sin hogar aumentó casi un 25 % en 2022,
siendo ya más de 28.000 personas. No puede hablarse de una democracia plena o
consolidada mientras haya tantísima gente viviendo en la calle. En el último trimestre las "okupaciones" se han frenado y los desahucios han aumentado un 40 %. Por ello, urge prohibir para siempre los desahucios sin alternativa habitacional.
España es uno de los países de la Unión
Europea que menor porcentaje tiene de viviendas sociales construidas, tan solo
un 2´5 % respecto al total de las construcciones del país, frente al casi 10 % de
la Unión. Por lo tanto España está a la cola de Europa en este sentido. Y
precisamente la solución al problema de la escasez y carestía de la vivienda es
construir muchas viviendas sociales en suelo de propiedad estatal,
aunque esto vaya en contra de los intereses de especuladores y rentistas. También hay que impedir por ley que la vivienda pública pueda venderse a fondos de inversión. De esta forma se evitarían atropellos como el cometido por Ana Botella en Madrid, que vendió a precio de saldo más de 1.800 pisos sociales a un fondo buitre estadounidense.
Con abundantes alquileres a 200 euros mensuales, se haría una magnífica inversión social que además sería rentable para el Estado. Porque si el precio del alquiler ha subido tanto es por la elevada demanda y la escasa oferta, obligando a la gente a pagar cantidades desorbitadas por la necesidad de tener un techo. Además los propietarios que tienen los pisos cerrados, sin alquilarlos, también contribuyen al encarecimiento de la vivienda. El año pasado el Gobierno ya limitó la subida de los alquileres al 2 % debido a la elevada inflación y ha prorrogado dicha medida durante todo el año 2023. En mi opinión esta debería ser permanente; y además es perentorio regular el mercado del alquiler estableciendo un precio máximo en las llamadas “zonas tensionadas”, aquellas en las que el precio de la hipoteca o del alquiler supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares.
La enorme dificultad para acceder a una vivienda también ha provocado que el número de nacimientos en España esté en mínimos históricos. Y la natalidad seguirá cayendo mientras se exija a los jóvenes la mayor parte de lo que ganan para pagar un alquiler sin cobrar sueldos dignos, en empleos inestables con horarios imposibles y, en definitiva, viviendo con incertidumbre. Encima hay políticos conservadores que se quejan de la baja natalidad y piden a los jóvenes que tengan hijos, cuando algunos de ellos tampoco tienen. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Si se quiere que aumente la natalidad, lo primero que hay que hacer es subir los sueldos y regular los alquileres. Bastante gente joven, mayor de 30 años, sigue viviendo con sus padres porque no puede asumir el coste de un alquiler y mucho menos comprar una vivienda. La juventud, en general, no es tonta; no va a irse a vivir debajo de un puente. Y si esta no puede independizarse económicamente, el país no tiene futuro.
