martes, 18 de marzo de 2014

Entre todos

Así se titula el programa que emite Televisión Española desde el pasado verano, de lunes a viernes por la tarde. Hasta hace poco no tenía conocimiento de su existencia, ya que casi no veo la televisión. Fue en una tertulia con amigos donde me hablaron de él. Recientemente, me entero por un medio digital que su presentadora gana 1.400 euros por programa. Esa elevada cantidad, en un momento de tanta necesidad como el actual y en la televisión pública estatal (que pagamos todos y cuya financiación es más cara desde que no emite publicidad), resulta escandalosa. Máxime en un programa que tiene como objetivo ayudar a los pobres. Y con lo que cobra la presentadora y el coste del programa se podría destinar mucho dinero a ese fin. Indagando un poco más en Internet sobre el mismo compruebo que no ha estado exento de polémica, pues el año pasado ya recibió críticas tanto dentro como fuera de nuestro país. Trabajadores sociales argumentan -con mucha razón- que vulnera la dignidad de las personas necesitadas, al hacer pública su miseria. Es un programa que disfrazado de solidaridad fomenta la caridad, con grandes dosis de sentimentalismo. Trata de conmover a los espectadores para que donen dinero. Hasta la bien pagada presentadora pone cara de pena y las señoras mayores que asisten al programa aplauden con ahínco a la misma, como si fuera una heroína. Cuando un telespectador llamó por teléfono al programa y propuso a ésta que donara una parte de su gran sueldo salió por peteneras: trató de justificar el mismo diciendo que lleva trabajando desde muy joven. Se vio claramente que no predica con el ejemplo. Aunque de todas formas el responsable del gran dispendio de dinero público es el directivo que le paga ese sueldo, que si lo ganara en una televisión privada sería menos criticable.
 
Toñi Moreno es la presentadora del polémico programa Entre todos

    Pero la cuestión del asunto es todavía más profunda. El aumento de la caridad en la sociedad española es también el reflejo del aumento de la desigualdad y la injusticia social. Y la clase trabajadora no es la que tiene que pagar la mala gestión de sus gobernantes y la corrupción. Es el Gobierno el que tiene que realizar políticas sociales que reduzcan la pobreza. También debe hacer un reparto equitativo de la riqueza a través de unos impuestos justos. Y al igual que tenemos un salario mínimo (de miseria, por cierto) debería haber un salario máximo, ya que las grandes diferencias entre unos sueldos y otros agrandan la desigualdad. En mi opinión nadie debería ganar más de 1.800 euros al mes, desempeñe el trabajo que desempeñe.

   Finalmente el Gobierno, en un intento de eludir su responsabilidad, ha convertido TVE en “la televisión para los pobres”. La derecha y la presentadora de Entre todos propician la caridad. Los que más tienen y ganan piden a otros que ganan y tienen menos que den en lugar de dar ellos. Así no se acabará nunca con la pobreza. Al contrario, irá a más. Lo realmente eficaz es cambiar el sistema y las políticas económicas que la generan. No debemos acostumbrarnos a ella ni verla como algo que no tiene solución, pues a diferencia de la lluvia o el viento la misma no tiene causas naturales, sino provocadas.


Publicado en Heraldo de Soria el martes 18 de marzo de 2014

jueves, 13 de marzo de 2014

El desprecio a la cultura

La industria cultural española emplea a casi medio millón de personas y contribuye al crecimiento económico del país, ya que representa el 3’2% del PIB estatal. Al sector de la cultura no solamente le afecta la crisis. Lo que más le ha perjudicado son las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno. La devaluación de salarios unida a una subida de impuestos a la clase trabajadora ha provocado una reducción del consumo y especialmente el de productos culturales. Aunque el impacto más negativo para la industria de la cultura fue la elevada subida del IVA, concretamente trece puntos, en septiembre de 2012. Con dicha subida España pasó a tener el IVA cultural más alto de todos los países de la eurozona. En el año y medio que lleva vigente ese IVA tan alto han cerrado muchas salas de cine y de teatro, también se ha reducido la asistencia a conciertos de música y, en definitiva, ha caído la recaudación y se han perdido bastantes empleos. Ha sido, sin duda, el mayor desprecio que un Gobierno ha hecho a la cultura. Y pienso que también ha habido venganza por parte del mismo, pues no perdonó que los artistas protestaran en su momento contra la Guerra de Iraq tanto en la calle como en la entrega de los Premios Goya.


   Después de haber causado tanto daño el Gobierno anunció en febrero que rebajará todo el IVA cultural 11 puntos (al 10%). En enero de este año dio prioridad a la bajada del IVA en la compraventa de obras de arte, que pocos pueden adquirir por su alto precio. Fue un ejemplo más de que el Gobierno trata de favorecer en primer lugar a los de su clase. Son precisamente las personas pudientes las que invierten dinero –a veces para blanquearlo incluso- en ese tipo de arte. Y es que en la derecha siempre ha predominado una visión mercantilista de la cultura. Y en mi opinión ésta no debe reducirse únicamente a un bien de consumo. Es un instrumento que favorece el desarrollo de la personalidad y la transformación de la sociedad. Un pueblo más culto es un pueblo más libre, más independiente y más crítico con las decisiones de sus gobernantes. Éstos controlan mejor a un pueblo ignorante y consideran peligrosas a las personas con ideas. Tengamos en cuenta que el conocimiento es poder. Y precisamente son los partidos conservadores los que más se benefician de la ignorancia -sobre todo política- de una parte importante de la sociedad, pues gracias a ella alcanzan el poder.

   Por otra parte, el Gobierno del PP ha propiciado más el “entretenimiento” que la cultura regalando dinero público al arruinado sector futbolístico y declarando el año pasado patrimonio cultural de España a la tauromaquia, que está de capa caída. De esta forma la misma también se verá beneficiada por la bajada del IVA a la cultura. Es evidente que el Gobierno apoya mucho más el circo para que la gente no piense. No quiero terminar sin comentar que aunque la cultura no es patrimonio de la izquierda -es de todos- hay dos hechos que son indiscutibles: el primero es que la mayor parte de los artistas e intelectuales son de izquierdas porque necesitan libertad para la creación de sus obras y porque suelen ser humanistas. Y el segundo es que las políticas de la derecha son las que más han perjudicado al mundo artístico. Para ésta la cultura es algo anodino es manos de gente subversiva, bohemia y perezosa. Y la subida de impuestos que la derecha hizo a la misma, a caballo entre el desprecio y la venganza, puso de manifiesto todavía más la gran brecha ideológica que separa ambas.

Publicado en Heraldo de Soria el jueves 13 de marzo de 2014
   

sábado, 1 de marzo de 2014

Los intocables

En este país diversas instituciones (partidos políticos, sindicatos, la Casa Real, etc.) experimentan un preocupante desprestigio debido a la imputación por corrupción de personas que forman parte de ellas. Las hay que están (o han estado) vinculadas a la actividad política o que han sido encargadas de la gestión de empresas y cajas que creen estar por encima de la ley por el cargo que han ocupado o el dinero que poseen. Algunas de ellas, con gran soberbia, hasta se han burlado del juez negándose a declarar ante él. Y nadie, por muy poderoso que sea, debería quedar impune si ha cometido un delito. Según la Constitución todos somos iguales ante la ley. Sin embargo estamos viendo que en la práctica no es así. La Justicia no es independiente porque los jueces son nombrados por políticos. Hay una situación institucional en la que unos protegen a otros para reforzarse. El Consejo General del Poder Judicial acaba apartando del cargo a los jueces que investigan a corruptos.  
 
   Los casos de corrupción que se encuentran en los juzgados o están paralizados o avanzan muy lentamente, con lo cual bastantes delitos de los encausados van prescribiendo. La mayor parte de los ciudadanos piensa, con razón, que las personas imputadas en ellos o no van a ir a la cárcel o si lo hacen será por poco tiempo porque el Gobierno las terminará indultando. Por ejemplo, dos veces ha entrado el banquero Blesa en la cárcel y las dos ha salido bien pronto de ella. Pero al honesto y valiente juez que ordenó su ingreso en prisión le dictaron un auto, en tan sólo tres meses, acusándole de prevaricación. Fue suspendido rápidamente. Y el caso Gürtel lleva años y todavía no se ha resuelto. Éste afecta al Partido Popular y salpica al Gobierno; de ahí que los conservadores estén obsesionados con el control de la Justicia. El juez que llevó a cabo unas escuchas sobre dicho caso, Garzón, fue inhabilitado por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo las grabaciones de las mismas se han considerado válidas recientemente. Que los fiscales defiendan a los presuntos corruptos es algo insólito; y también que se juzgue antes a los jueces que investigan la corrupción que a los supuestos corruptos. Además los políticos impúdicos deseaban que el juez Garzón fuera apartado de la carrera judicial para que los demás jueces se lo pensaran dos veces antes de actuar contra ellos. Que haya corrupción es grave; pero todavía es más grave la impunidad de la misma.
 
El juez que encarceló a Blesa tiene información que puede hacer caer al sistema

   En definitiva, es fundamental que el Poder Judicial sea independiente, ya que el hecho de que el mismo esté sometido al Poder Ejecutivo pone en entredicho tanto el Estado de Derecho como las instituciones. Sin justicia no hay ni igualdad ni democracia. Para que la Justicia sea verdaderamente independiente el Gobierno debería dejar de tener la competencia exclusiva del indulto, el Ministerio de Justicia tendría que desaparecer y los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que son elegidos por el Congreso y el Senado deberían elegirse mediante sufragio de los jueces. Desde la entrada en vigor de la primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985, todo vocal del Consejo General del Poder Judicial le debe su sillón a un partido político. Fue, sin duda, una puñalada trapera que los políticos dieron al Estado de Derecho.

Publicado en Heraldo de Soria el miércoles 5 de marzo de 2014