Casi 400.000 personas viven en residencias en España, con una edad media de unos 82 años. La mayoría de ellas, alrededor del 70 %, son privadas. Son un negocio tremendo y lo prueba el hecho de que hay metidos fondos de inversión en ellas. Servicios esenciales como el de los cuidados y la limpieza, en los que mayormente trabajan mujeres y en condiciones precarias en muchos casos, están en manos de oligarcas que obtienen pingües beneficios con ellos. La mayoría de dichos servicios deberían ser públicos, ya que las empresas privadas son negocios que fundamentalmente tratan de aumentar sus beneficios, aun a costa del detrimento en la calidad del servicio en bastantes ocasiones. Ha podido comprobarse en imágenes difundidas por medios de comunicación, en las que se han visto los comistrajos que dan a los ancianos en algunos geriátricos. Y aparte de escatimar en la comida, en bastantes residencias falta personal para atender a tanta gente dependiente. A veces, solamente dos trabajadores tienen que acostar a toda una planta de una residencia llena de personas que no se valen por sí mismas. El que los empleados y empleadas de las residencias no den abasto les genera estrés, y en ocasiones lo pagan con los residentes llegando a haber casos de maltrato. Un trabajo tan vocacional acaba desempeñándose mal por escatimar en personal. Deberían exigirse unas ratios para que haya una atención de calidad, pues en la mayor parte de los casos el que los usuarios de las residencias estén desatendidos no es por dejadez ni negligencia; es por falta de personal. Ello, además de repercutir en los usuarios, causa frustración a sus familiares. Y máxime con el elevado coste que suponen para los bolsillos, pues en general las residencias privadas son caras. Hasta tal punto que hay personas que para poder costearse una han tenido que dejar la casa en herencia a la residencia.
Por todo lo expuesto, lo mejor es que las personas pasen el mayor tiempo posible en su domicilio las últimas décadas de su vida, en lugar de aparcadas en residencias. En mi opinión estas deberían ser la última opción. En casa las personas mayores van a tener una atención más personalizada, libertad e intimidad. En este sentido la conocida como “ley de dependencia” (uno de los pilares del llamado Estado de Bienestar), es una ley progresista de 2006 del Gobierno de Rodríguez Zapatero que posibilita el que una persona cotice (si así lo desea) a la Seguridad Social mientras cuida a un familiar dependiente. Sin duda un avance importante que permite al cuidador que el tiempo destinado al cuidado del familiar se integre en su vida laboral y que la persona cuidada permanezca en casa. Creo que hay que priorizar este modelo de cuidados (apoyado por el Gobierno de coalición progresista), en contraposición al modelo privado (defendido por la derecha). Y no quiero terminar sin comentar algo que me parece muy criticable: en la década pasada, durante el Gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy, la Ley de dependencia sufrió enormes recortes. En 2012 se llegó a quitar la cotización a más 170.000 cuidadores de personas dependientes. Rajoy adujo para su eliminación que era mucho gasto para el Estado; sin embargo varias mensualidades de los cuidados de su padre las pagó con dinero público, cargándolas al presupuesto de La Moncloa. Tuvieron que pasar varios años para que volviera a restaurarse dicha cotización; fue en 2019, unos meses después de que el PSOE volviera al Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Está claro que todos los políticos no son iguales.
