La euforia inicial por la tramitación en el
Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (un mecanismo de democracia
participativa) para frenar los desahucios se va desvaneciendo con el paso del
tiempo, pues el Gobierno no contempla ni la dación en pago, ni la paralización
de los desahucios en ejecución ni el alquiler social. Y eso que se trata de una
ley de mínimos que pondría fin al sufrimiento de muchas personas, las cuales no
pueden hacer frente a la hipoteca fundamentalmente porque han perdido su
empleo.
El
Partido Popular, que gobierna en casi todas las comunidades, haría honor a su
nombre por primera vez aprobando un decreto ley que pusiera fin a este drama inmediatamente,
como ya ha hecho el parlamento andaluz aprobando la expropiación de pisos a los bancos. Sin embargo los diputados reciben
presiones de la banca para que no se apruebe la susodicha iniciativa, con lo
que me temo que la ley que apruebe el Gobierno sea un parche que no acabe con
el problema de raíz y permita a los bancos seguir especulando con la vivienda. Y
ello seguirá provocando el incumplimiento del artículo 47 de la Constitución
española, el cual dice que los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho
a una vivienda digna, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. Pero nada de esto ha ocurrido,
sobre todo en la década pasada (en pleno boom inmobiliario) en la que cualquier
terreno urbanizable a las puertas de un ayuntamiento duraba menos que un
caramelo a las puertas de un colegio. Los terrenos, pues, pronto caían en manos
de especuladores y ello encareció los precios de la vivienda muchísimo. Y luego
los bancos, con el beneplácito de los gobiernos de turno, se encargaron de
endeudar (de por vida en bastantes casos) a muchos ciudadanos, que tienen que
pasar un calvario para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
Por otra parte, se da la contradicción de
que se está echando a gente de sus casas (por una deuda ínfima a veces) cuando
miles de viviendas están vacías. Unas casas que se quedan los bancos y que en
algunos casos los mismos no pagan ni la comunidad de propietarios ni el impuesto de
bienes inmuebles de aquellas. Y además la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto de manifiesto la ilegalidad de las prácticas abusivas de
los bancos españoles. Tantos ministros con la carrera de Derecho y tuvo que ser
un ciudadano, con la ayuda de un abogado, el que se interesó por la legislación
europea y propició la mencionada sentencia. La ley hipotecaria española es
vieja, anacrónica e injusta. Mantener vigente esta ley del año catapún permite
que los bancos se sigan lucrando a costa del sufrimiento de la gente (hay hasta vidas en juego) y eso es algo inmoral. Porque por encima de la ley está la
dignidad de las personas.
Antes de terminar también quiero comentar que
me parece mal que determinados miembros del Gobierno intenten criminalizar a la
plataforma antidesahucios, vinculándola con el terrorismo, con el fin de
desacreditar ante la opinión pública su gran labor. Pero no lo van a conseguir,
ya que cada vez son más los ciudadanos que están hartos de que no se les
escuche; y dado que los cauces legales no parece que vayan a poner fin al drama
de los desahucios grupos de personas deciden presionar a diputados del PP realizando
los llamados escraches, los cuales mientras no sean violentos me parecen bien.
Por cierto, para violencia social y económica la que ejercen los gobiernos
manteniendo leyes injustas que únicamente benefician a los poderosos y son la
causa de que numerosas personas sean echadas a la calle (incluso niños,
discapacitados, enfermos, etc.), recibiendo a veces porrazos de la Policía o siendo
arrastradas por la misma. Son esas personas las verdaderas víctimas y no los
diputados del PP, que se ve que no quieren la igualdad de todos los seres
humanos.
Publicado en Heraldo de Soria el sábado 13 de abril de 2013
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